Nada aun en el caso Marín

Puebla, México (27 de noviembre de 2007).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a una decisión dividida sobre si el Gobernador de Puebla, Mario Marín, es responsable de violar garantías de la escritora Lydia Cacho.

Cuatro ministros han afirmado que hay evidencia de que existió una conspiración del Mandatario poblano y otros 29 funcionarios para detener a Cacho por denuncia del empresario Kamel Nacif. Pero otros dos sostuvieron hoy que no se puede dar ningún valor probatorio a la grabación de la plática entre Marín y Nacif, que desató el escándalo, y que tampoco sirven los registros de las llamadas telefónicas entre funcionarios de Puebla, pues no se sabe quién habló o qué dijo, sino sólo que existieron dichas llamadas.

Falta para la sesión del jueves la opinión de cuatro ministros y uno más, Fernando Franco, estará ausente.

Además, tendrá que estudiarse por separado si con independencia de la conspiración, ésta resultó en una violación grave de garantías.

"Mi opinión es que sí hubo concierto de autoridades para perjudicar (a Cacho), para darle un coscorrón, utilizando para esto la Procuraduría y el Poder Judicial", afirmó José de Jesús Gudiño.

José Ramón Cossío, por su parte, consideró que la grabación Marín-Nacif "difícilmente la podemos desechar" porque ninguno la desmintió, y porque Nacif la reconoció en una carta enviada a un diario en septiembre de 2006.

Sobre este punto, la defensa de Marín aclaró que la carta de Nacif no se refería a esa conversación, sino a otras con Emilio Gamboa y Fidel Herrera, que fueron difundidas en esas fechas.Salvador Aguirre, en cambio, criticó duramente a la comisión investigadora encabezada por el ministro Juan Silva Meza por haber intervenido teléfonos de funcionarios de Puebla y Quintana Roo, y rechazó darle cualquier valor a la plática Marín-Nacif pues fue obtenida ilegalmente.

"Es adivinanza sobre la adivinanza", agregó Aguirre, en referencia a los registros que Telmex y otras empresas aportaron, sobre llamadas entre autoridades poblanas. "La verdad es que el registro de todo el revoltillo de llamadas entre las dependencias del Estado de Puebla no prueba nada", agregó Aguirre, a quien se sumó Mariano Azuela.Cacho fue detenida en diciembre de 2005 por policías que la trasladaron de Cancún, Quintana Roo, a Puebla, para ejecutar una orden de aprehensión librada en esta entidad.

Semanas después fue difundida una conversación telefónica entre Marín y Nacif, en la que este agradece al Gobernador su apoyo en este caso, lo que motivó la solicitud del Congreso a la Corte para investigar.Cossío consideró el lunes que los registros de llamadas tienen suficiencia adecuada como para permitirnos establecer un juicio, pero rechazó que la comisión tuviera facultades para intervenir teléfonos del gobierno de Puebla.

Eliminan pederastia

En una votación previa al debate sobre las pruebas del caso, la Corte decidió suprimir un capítulo del informe de la comisión investigadora, que denunciaba la existencia de redes de pederastia y pornografía infantil.

Por seis votos contra cuatro, la Corte resolvió que la comisión debió limitarse exclusivamente a la posible conspiración de autoridades de Puebla contra Cacho, pero no incluir un estudio general sobre la situación del abuso de menores en el País.

"El artículo 97 (de la Constitución) nos faculta para investigar hechos, no para dar exhortaciones, ni prédicas morales, ni para decirle a las demás autoridades lo que tienen que hacer", afirmó Gudiño.

Cossío había propuesto incluir en el informe un "exhorto" a las autoridades para combatir estos delitos, pues el dictamen del ministro Juan Silva Meza concluye que en México se violan garantías de los menores, pero no menciona a personas específicas como víctimas o responsables de estos abusos.

La mayoría concluyó que desde enero pasado, cuando se acordó el mandato para la comisión investigadora, se dejó claro que solo podría extenderse hacia redes de pederastia directamente relacionadas con la denuncia de Cacho en el libro Los Demonios del Edén.

"¿Qué debió hacer el grupo de comisionados?", cuestionó Aguirre. "Ver si resultaba veraz o comprobable la afirmación que hace la periodista en su libro, respecto a que Jean Succar Kuri cuenta con una red de protección oficial para su adicción a la pederastia". En cambio, agregó el ministro, la comisión recabó datos de Internet y pidió informes a la PGR y cuatro procuradurías estatales sobre la incidencia de estos delitos.

Ante las críticas, Silva Meza defendió apasionadamente su informe, y cuestionó qué va a pasar con las pruebas sobre casos de pederastia que recabó la comisión. El Presidente Guillermo Ortiz le sugirió denunciar cualquier posible delito ante el Ministerio Público, e insistió en que no hay evidencia de que autoridades de Puebla están involucradas en pederastia.