La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya comenzó lo que parece ser el último tramo del caso Marín-Cacho. Hoy se resolverá todo. Por ahora evitemos los comentarios, y solo hagamos un breve recuento de lo que sucedió este lunes en la sesión del máximo tribunal:
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso este lunes declarar al Gobernador de Puebla, Mario Marín, y a otros 29 funcionarios como responsables de grave violación de garantías contra la escritora Lydia Cacho.Juan Silva Meza, encargado de la segunda comisión de la Corte que ha investigado el caso, propuso a sus colegas aprobar un dictamen en el que se afirma que existió una conspiración encabezada por Marín para perseguir penalmente a Cacho por solicitud del empresario Kamel Nacif, quien se sintió ofendido por el libro "Los Demonios del Edén".
Silva propuso declarar que el Congreso de la Unión es competente para actuar respecto de Marín, sin mencionar qué medidas deben tomarse, pues la Corte no tiene facultades para hacer recomendaciones o sugerencias a otras autoridades.
"La vinculación que este alto funcionario de la Federación tiene con los hechos denunciados deriva de que fue él quien propició que se diera una acción concertada entre diversas autoridades y funcionarios", afirmó Silva, quien tardó 52 minutos en leer un resumen de su dictamen.
Las legislaturas estatales y otras autoridades locales, continuó el ministro, serían responsables de sancionar a los demás funcionarios, que incluyen a los Procuradores de Puebla y Quintana Roo, y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del primer Estado, así como a la juez que ordenó la aprehensión de Cacho en diciembre de 2005.
La Corte seguirá mañana (hoy, martes) con el análisis del dictamen de Silva. Está pendiente la opinión de ocho ministros, o de nueve, si se presenta Fernando Franco que hoy estuvo ausente.
Genaro Góngora, el otro ministro que intervino, fue más allá que Silva e inició su intervención dando lectura a la célebre plática telefónica entre Nacif y Marín en la que el empresario "agradeció" al Gobernador su apoyo para detener a Cacho, con todo y los múltiples insultos que ambos personajes profirieron.
El ministro afirmó después que la prohibición constitucional de intervenir comunicaciones privadas no debe ser aplicable a este tipo de investigaciones de la Corte, por lo que la grabación sí debe tener valor probatorio, algo que ni siquiera Silva propuso."¿Cuántos periodistas se abstendrán de publicar hechos como los que denunció Lydia Cacho, cuando ven que han pasado dos años y los protagonistas siguen impunes?", cuestionó Góngora.
En diciembre de 2005, Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por agentes judiciales que la trasladaron por tierra para cumplir una orden de aprehensión por difamación, librada por una juez de Puebla. Semanas después fue difundida la conversación de Marín con Nacif, lo que motivó la solicitud del Congreso a la Corte para investigar el caso.
La de hoy fue la quinta sesión aislada en la que este tema fue discutido por los ministros, hecho inusual para la forma de trabajo de la Corte, que rara vez tiene que regresar tantas veces al mismo expediente.
El informe de la primera comisión, integrada por los magistrados de circuito Óscar Vázquez y Emma Meza, fue rechazado en septiembre de 2006 porque no tomó en cuenta la grabación Marín-Nacif, ya que es ilegal.
La segunda comisión, encabezada por Silva con los magistrados Enrique Escobar y Eduardo Alvarado, presentó un primer dictamen ante el Pleno en junio pasado. Pero los ministros resolvieron que se debía respetar la garantía de audiencia de todos los involucrados, y además que era necesario establecer normas para este tipo de investigaciones, previstas en la Constitución pero carentes de ley reglamentaria.
Durante septiembre, los funcionarios señalados presentaron alegatos ante la comisión, que en el nuevo dictamen responde a estos argumentos.
Información: www.reforma.com
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